Una cárcel en medio de la nada. Migrantes deportados en silencio. Acuerdos firmados sin transparencia. Y dos presidentes que han hecho de la seguridad y la dureza migratoria su bandera.
Lo que parecía una política aislada se ha convertido, en cuestión de días, en un experimento de alcance global. Un pacto entre Donald Trump y Nayib Bukele ha llevado a más de 260 migrantes a ser confinados en la cárcel más grande de América Latina, el CECOT, una megacárcel sin ventanas, sin visitas, sin juicios.
La pregunta ya no es qué está pasando, sino hasta dónde llegará este modelo. Y cómo impacta en la reputación online de los líderes que lo impulsan.
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El acuerdo secreto: migrantes por millones
El 3 de marzo, sin previo anuncio oficial, El Salvador recibió 261 migrantes deportados por Estados Unidos, señalados como miembros de las pandillas Tren de Aragua y MS-13.
Los primeros pasos de esta operación se remontan a febrero, cuando Trump y Bukele firmaron un acuerdo por 6 millones de dólares para que El Salvador albergara en su cárcel de máxima seguridad, durante un año, a 300 supuestos criminales deportados.
A cambio, Trump ganaba una herramienta política para endurecer su política migratoria; Bukele, recursos y visibilidad internacional.
Pero, al poco tiempo, surgieron las primeras grietas: no hay pruebas sólidas contra muchos de los deportados. Algunos tenían peticiones de asilo activas en EE.UU., otros entraron legalmente al país. El único indicio que los vinculaba a bandas criminales era un tatuaje, una foto en redes o un gesto con las manos.
Un ejemplo estremecedor es el de Jerce Reyes, ex futbolista venezolano, acusado de llevar en el brazo un tatuaje con una corona sobre un balón de fútbol.
Para ICE, eso bastaba para considerarlo parte del Tren de Aragua. Reyes, que esperaba su audiencia de asilo en abril, ya no podrá asistir. Está encerrado, sin juicio, incomunicado.
CECOT: la prisión donde todo queda en silencio
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) es el símbolo de la guerra de Bukele contra las pandillas. Una mega cárcel construida en menos de un año, con capacidad para 40.000 personas, en una zona árida de Tecoluca, a 75 km de San Salvador.
Custodiada por 600 militares, 250 policías y 1.000 custodios, está diseñada para el aislamiento absoluto. No hay ventanas. No hay visitas. No hay abogados. Solo concreto, acero, y celdas sin privacidad ni ventilación.
En el CECOT, las condiciones son extremas. Las celdas tienen plancha de cemento como cama, un retrete sin separación, un techo de malla con filo, y acceso al agua controlado desde el exterior. Los reos permanecen incomunicados, vigilados día y noche por cámaras y torres de 15 metros. Las celdas de castigo apenas tienen luz, y quienes entran allí permanecen esposados y a oscuras.
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La violación del debido proceso: ¿culpables por tener tatuajes?
Lo más grave no es el silencio, sino la arbitrariedad. Según abogados de derechos humanos, muchos deportados no tienen antecedentes penales, y han sido detenidos simplemente por su apariencia o pasado migratorio.
Una declaración jurada del American Immigration Council revela que ICE admite que los deportados no han cometido crímenes, pero argumenta que eso “los hace más peligrosos” por la falta de información.
Un juez federal de Washington, James Boasberg, trató de detener la deportación con una orden de restricción de 14 días.
Argumentó que la Ley de Enemigos Extranjeros, usada por Trump para justificar las expulsiones, no aplica a migrantes individuales, sino a situaciones de guerra con naciones. La Casa Blanca ignoró la orden judicial. Bukele celebró la llegada de los detenidos con un mensaje en su cuenta de X: “Demasiado tarde”.
Trump y Bukele: ¿seguridad o autoritarismo?
El pacto entre Trump y Bukele no solo reconfigura el enfoque migratorio, sino que plantea un nuevo paradigma de gobernanza autoritaria bajo el disfraz de seguridad.
Para Bukele, el acuerdo significa refuerzos económicos, apoyo político estadounidense y un nuevo escalón en su estrategia de control del poder.
Para Trump, es una muestra de fuerza, un mensaje claro de que está dispuesto a hacer lo que sea por cumplir sus promesas de campaña.
Desde el punto de vista de la online reputation management, este episodio representa una prueba de fuego para ambos.
- Donald Trump, tras la suspensión de ayuda militar a Ucrania, vuelve a aparecer como el líder que impone su agenda por encima de los jueces, las leyes y los aliados.
Esto fortalece su imagen entre sus bases, pero lo aleja de sectores más institucionalistas y de la comunidad internacional. Su uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 invocada solo tres veces en la historia, ha sido considerado como una violación al debido proceso, y podría erosionar su imagen de legitimidad global.
- Nayib Bukele, por su parte, ha proyectado fuerza, orden y disciplina, atributos valorados por muchos en El Salvador. Pero el costo es alto: aislamiento institucional, denuncias por violaciones a derechos humanos y opacidad en la gestión carcelaria.
Su reputación digital se ha globalizado, oscilando entre admiración por su mano dura y críticas por la falta de garantías legales. El hecho de que incluso Venezuela haya pedido la liberación de los deportados refleja la presión internacional creciente.
¿Qué gana Bukele con todo esto?
Más allá del dinero, Bukele fortalece su narrativa de líder inflexible frente al crimen. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, lo llamó “el líder más fuerte en seguridad de nuestra región”. Esta alianza le permite a Bukele presentarse como un socio estratégico de Estados Unidos, algo inédito para un presidente centroamericano en décadas.
Pero también gana una distracción interna útil: en El Salvador, el régimen de excepción ha sido criticado por detenciones arbitrarias, falta de juicios y represión. Exportar el problema lo convierte en una historia de éxito. Además, Bukele refuerza su imagen internacional: el Guantánamo del sur, como algunos lo llaman, lo posiciona como actor clave en la política hemisférica de seguridad.
Las voces que faltan: derechos humanos, silencio judicial y migrantes invisibles
Organizaciones como Human Rights Watch y Cristosal han advertido que este modelo podría convertirse en una “zona gris” legal: sin jueces, sin condenas, sin pruebas.
El relato que se construye: ¿una Guantánamo latinoamericana?
La narrativa construida por la Casa Blanca y por el gobierno de Bukele tiene tintes de ficción autoritaria: deportaciones sin pruebas, cárceles sin jueces, y represión sin transparencia. La aplicación de leyes centenarias, el desacato a órdenes judiciales, la criminalización de la pobreza y de la migración son signos de un nuevo orden político que desdibuja las fronteras entre justicia y castigo.
¿Qué opinas tú?
¿Estamos presenciando una nueva era de acuerdos bilaterales sin control judicial?
¿Puede una cárcel convertirse en símbolo de éxito político?
¿La seguridad justifica la pérdida de derechos?
¿Cómo afecta todo esto la reputación global de EE.UU., El Salvador y sus líderes?
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